La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso del Estado de Nuevo León invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión al legislar en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, declarando la invalidez de las porciones normativas de los artículos 171 y 275 Bis del Código Procesal Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, respectivamente, que regulaban dichas materias. Asimismo, consideró que la restricción de comunicaciones de los internos con terceros, prevista en el artículo 26 de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales, es constitucional al ser una medida razonable y proporcional para la seguridad y reinserción social, y que la prisión preventiva, aunque restrictiva, se ajusta a los parámetros constitucionales cuando se aplica conforme a los supuestos legales y constitucionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de leyes del Estado de Nuevo León por considerar que invadían la competencia federal y vulneraban derechos fundamentales. La Suprema Corte resolvió que, en efecto, el Congreso local excedió su competencia al legislar en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, declarando la invalidez de las disposiciones correspondientes. Sin embargo, consideró que la restricción de comunicaciones de los internos y la aplicación de la prisión preventiva, bajo ciertas condiciones, eran constitucionales al ser medidas razonables y proporcionales.