Concede, pues fue fundado que la autoridad restó incorrectamente valor probatorio a los medios de prueba, información y documentación proporcionada para desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones, dado que lo hizo desde la perspectiva de que éstas debían servir para acreditar la materialidad o realización efectiva de las actividades o servicios amparados en los comprobantes fiscales.