El requerimiento de pago para hacer efectiva una póliza de fianza penal, cuyo beneficiario es un particular, es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues dicho acto constituye un mandamiento en forma de ejecución y no una simple reclamación entre particulares.

La contradicción de tesis analizó la procedencia del juicio contencioso administrativo contra el requerimiento de pago de fianzas penales otorgadas para garantizar la reparación del daño a particulares. El Primer Tribunal Colegiado consideró que dichos requerimientos son impugnables ante el TFJA, ya que constituyen actos de ejecución del Estado. En contraste, el Segundo Tribunal Colegiado sostuvo que el juicio no era procedente porque el beneficiario era un particular y no una entidad pública, citando la tesis que aplicaba la caducidad en estos casos. El Pleno determinó que el criterio del Primer Tribunal Colegiado es el que debe prevalecer, al considerar que el requerimiento de pago de una fianza penal, incluso si el beneficiario es un particular, es un acto de autoridad impugnable en la vía administrativa.