La controversia constitucional es una garantía jurisdiccional diseñada para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina el ámbito de atribuciones que la Constitución confiere a los órganos originarios del Estado.

La controversia constitucional tiene como finalidad resolver conflictos sobre la constitucionalidad de actos y disposiciones generales entre los sujetos legitimados por el artículo 105 constitucional. Su diseño original por el Poder Constituyente buscó establecer el alcance de las facultades de los órganos primarios del Estado, tal como se ha sostenido en la jurisprudencia de este Alto Tribunal.