La facultad de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos es exclusiva de la Federación, salvo la potestad tributaria que es concurrente con las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos de los municipios de Guadalupe Etla y Ejutla de Crespo, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025. La CNDH argumentó que la imposición de multas por juegos de apuestas en espacios públicos, la diferencia en el cobro de certificados médicos para personas detenidas y el público en general, y la ambigüedad en la definición de faltas administrativas como escándalos o faltas de respeto a la autoridad, vulneraban diversos derechos constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la multa por juegos de apuestas al considerar que invade la competencia exclusiva de la Federación, así como la inconstitucionalidad de las tarifas diferenciadas para certificados médicos y la ambigüedad de las faltas administrativas por violar los principios de legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión.