La inconstitucionalidad de un convenio celebrado entre el Gobierno Federal y un Ayuntamiento, por vicios de fondo o forma en su celebración, debe analizarse previamente a su aplicación para determinar la legalidad de los actos de ejecución que de él deriven.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo a un municipio contra una sentencia del TFJA que no analizó todos los argumentos de ilegalidad de un convenio y actos de ejecución. Se determinó que la sala responsable omitió pronunciarse sobre la ilegalidad del convenio por falta de publicación, aprobación legislativa, firmas y por aplicarse a deudas posteriores a su emisión. Por ello, se ordenó al TFJA emitir una nueva sentencia analizando estos aspectos, así como la ilegalidad del oficio que afectó participaciones federales y la falta de exhibición completa del expediente administrativo.