La presunción de inocencia, en sus vertientes de regla de trato procesal, probatoria y de juicio, exige que el gobernado sea tratado como no autor de los delitos y que las pruebas recabadas en su contra cumplan con los principios constitucionales para desvirtuar el estatus de inocencia.
El quejoso argumenta la violación de su derecho a la presunción de inocencia en sus tres dimensiones. Sostiene que no fue puesto a disposición inmediata del ministerio público y que las pruebas en su contra no cumplen con principios constitucionales. Además, alega que fue tratado como culpable desde la intervención policial, con manipulación de hechos y coacción física, lo que generó una percepción de culpabilidad previa al juicio.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.