El derecho a la salud impone al Estado la obligación de garantizar su ejercicio mediante la organización de un aparato gubernamental que asegure su disfrute, sin que la escasez de recursos económicos constituya una justificación válida para su incumplimiento.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional promovida por el Municipio de Huajuapan de León contra diversas autoridades estatales y federales por omisiones en la construcción de un hospital. El Municipio argumentó violaciones al derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Las autoridades demandadas, por su parte, invocaron causales de improcedencia, argumentando falta de interés legítimo y inexistencia de las omisiones reclamadas, además de señalar que la asignación de recursos para obras de infraestructura hospitalaria es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que los municipios no tienen competencia directa en materia de salud. La Sala determinó que el derecho a la salud genera obligaciones para el Estado que no pueden ser excusadas por falta de recursos, y que la omisión de construir el hospital es un tema de fondo que debe analizarse.