La inconstitucionalidad de una norma se actualiza cuando esta no establece parámetros objetivos que limiten la actuación de la autoridad al momento de determinar sanciones, como multas, suspensiones o inhabilitaciones.

El problema constitucional se centró en el último párrafo del artículo 50, que sujeta la duración de la suspensión a las condiciones establecidas por el Comité de Certificación, sin fijar parámetros objetivos mínimos o máximos. Se consideró que estas disposiciones no satisfacen la exigencia de taxatividad, ya que las normas no contemplan elementos objetivos que limiten la actuación de la autoridad al momento de determinar las sanciones correspondientes.