Los estados de cuenta bancarios recabados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fines fiscales, si bien se obtuvieron legalmente para ese propósito, constituyen prueba incorporada ilícitamente a un proceso penal si se utilizan para fincar una sentencia de condena, transgrediendo los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la vida privada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los estados de cuenta bancarios obtenidos legalmente por la Secretaría de Hacienda para fines fiscales no pueden ser utilizados como prueba en un proceso penal para dictar una sentencia condenatoria. El uso de esta información para fines distintos a los fiscales, sin control judicial, viola los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y el derecho a la privacidad, específicamente el secreto bancario.
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