I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. IMPLICA LA PARTICIPACIÓN TANTO DE AUTORIDADES FEDERALES COMO LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEFINE UNA LEY GENERAL EMITIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. IV. SALUBRIDAD GENERAL. CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU REGULACIÓN. V. SALUBRIDAD GENERAL. COMPETENCIAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. VI. SALUBRIDAD GENERAL. COMPRENDE TANTO LA SALUD COMO LOS CONTROLES SANITARIOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y SUS MODALIDADES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL PERSONAL MÉDICO COMO EL DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. VII. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. PARTE DEL RECONOCIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD DE COSMOVISIONES Y CREENCIAS DE MANERA AÚN MÁS AMPLIA QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN. VIII. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. EL PRINCIPIO DE LAICIDAD QUE RIGE EL MODELO DEL ESTADO MEXICANO IMPLICA LA IMPARCIALIDAD DE ÉSTE ANTE LAS DIVERSAS CREENCIAS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD SUJETA A SU JURISDICCIÓN. IX. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. CONSISTE EN EL DERECHO DE TODA PERSONA A TENER LAS PROPIAS CREENCIAS O IDEAS, A SILENCIARLAS O MANIFESTARLAS. X. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. LAS CREENCIAS, SU TRANSMISIÓN Y ENSEÑANZA CORRESPONDEN AL ÁMBITO PRIVADO Y SON LA EXPRESIÓN DE UN DERECHO INDIVIDUAL QUE EL ESTADO DEBE PROTEGER. XI. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIMENSIONES EXTERNA E INTERNA. XII. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA AL DESCANSAR EN LA IDEA DEL PLURALISMO. XIII. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. LAS CREENCIAS CONSTITUYEN FENÓMENOS DEL FUERO INTERNO DE LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL DERECHO, PERO AL MOMENTO DE EXTERIORIZARLAS SE CONVIERTEN EN EXPRESIONES JURÍDICAMENTE RELEVANTES. XIV. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. ELEMENTOS QUE CONTIENE. XV. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SE RECONOCE PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y LOS DEBERES JURÍDICOS IMPUESTOS POR NORMAS GENERALES O ACTOS DE AUTORIDAD. XVI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. ES NECESARIO QUE SE VINCULE A UNA FUERTE CONVICCIÓN RELIGIOSA, IDEOLÓGICA O DE CREENCIA. XVII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. AL PARTIR DE UNA POSTURA INDIVIDUAL FRENTE A UNA NORMA O ACTO DE AUTORIDAD, SU EJERCICIO ES TAMBIÉN ABSOLUTAMENTE INDIVIDUAL. XVIII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. NO DEBE ENTENDERSE COMO UN DERECHO EQUIPARABLE A OTROS DERECHOS COMO EL DERECHO A LA SALUD; SE TRATA MÁS BIEN DE UNA FORMA DE CONCRECIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. XIX. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SE HA DEFINIDO COMO EL DERECHO DE TODA PERSONA AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, Y QUE ES JUSTIFICABLE EN DISTINTAS DIMENSIONES DE ACTIVIDAD. XX. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. LOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE CALIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN LA MATERIA SON LA DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD Y CALIDAD. XXI. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DADAS LAS LIMITACIONES A LAS QUE SE ENFRENTA EL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZARLO, SU ACTIVIDAD SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. XXII. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. CUANDO ESTÉN INVOLUCRADOS LOS DERECHOS DE MUJERES, PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR, PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO, LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ATENDER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE CONSIDERE LA INTERSECCIONALIDAD. XXIII. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DENTRO DE LOS DEBERES GENERALES DE LAS AUTORIDADES FRENTE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESTACA EL DEBER DE NO NEGAR O LIMITAR EL ACCESO IGUAL DE TODAS LAS PERSONAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y, EN PARTICULAR, EL DE ABSTENERSE DE IMPONER PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE SALUD Y LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS QUE PERTENEZCAN A GRUPOS HISTÓRICAMENTE EN DESVENTAJA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO). XXIV. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SI BIEN BUSCA PROTEGER EL DERECHO DEL PERSONAL MÉDICO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, NO SE TRATA DE UNA LIBERTAD ABSOLUTA QUE PUEDA EJERCERSE INDISCRIMINADAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO). XXV. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO CUENTE CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZARLO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR TODO LO NECESARIO PARA QUE LAS PERSONAS SEAN ATENDIDAS EN ALGÚN HOSPITAL O CLÍNICA EN QUE PUEDA DARSE EL TRATAMIENTO EN LAS CONDICIONES ADECUADAS E IDÓNEAS. XXVI. INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PRESTAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIOS, A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS NEGATIVAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS. XXVII. DERECHO A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. SU PROHIBICIÓN ABSOLUTA VULNERA EL DERECHO DE LAS MUJERES Y PERSONAS GESTANTES A DECIDIR, A LA AUTONOMÍA, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, A LA PRIVACIDAD, A LA IGUALDAD, A LA SALUD Y A LA LIBERTAD REPRODUCTIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO). XXVIII. DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. CORRESPONDE AL ESTADO ESTABLECER DE MANERA PRECISA Y ADECUADA SU REGULACIÓN, DE MANERA QUE NO SE VUELVA UN PRETEXTO PARA IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ESTATALES EN MATERIA DE SALUD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO). XXIX. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SU SOLA PREVISIÓN NO RESTRINGE INJUSTIFICADAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE OTRAS PERSONAS NI IMPIDE LA PROTECCIÓN DE BIENES CONSTITUCIONALES RELEVANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS). XXX. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A SU FIGURA PARA QUE SEA COMPATIBLE CON LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS). XXXI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE QUE EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA QUE FORME PARTE DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, PODRÁ EJERCERLA Y EXCUSARSE DE PARTICIPAR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, ES VAGA Y CARECE DE CLARIDAD SOBRE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDE EJERCERSE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS). XXXII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA REGULAR ADECUADA Y SUFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA CON LAS SALVAGUARDAS NECESARIAS PARA EL DERECHO A LA SALUD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS). XXXIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ EN VÍA DE CONSECUENCIA DE LA NORMA TRANSITORIA QUE OTORGABA UN PLAZO A LA SECRETARÍA DE SALUD DE MORELOS PARA EMITIR LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA DAR EFECTIVIDAD A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS).