El principio de gratuidad en el acceso a la información pública impide el cobro por la digitalización de documentos y la entrega de información en medios magnéticos proporcionados por el solicitante, así como el cobro de cuotas desproporcionadas por la reproducción de información en CD o DVD, al no existir una base objetiva y razonable que justifique dichos costos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas disposiciones de Leyes de Ingresos municipales que establecían cobros por la digitalización de información y su entrega en medios magnéticos o CD/DVD, argumentando la violación al principio de gratuidad del acceso a la información. La Suprema Corte declaró fundado el concepto de invalidez, reiterando que solo se pueden cobrar los costos de reproducción y envío, justificados objetivamente, y que la digitalización de documentos o la entrega en medios proporcionados por el solicitante no deben generar costo alguno. Adicionalmente, se analizó un cobro diferenciado por expedición de copias a estudiantes, declarándolo inconstitucional por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria al no guardar relación con el costo del servicio y establecer un trato desigual.