La imposición de una multa por inasistencia injustificada a una audiencia de conciliación, prevista en el artículo 68, fracción I bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es válida aun cuando el requerimiento de información previo a dicha audiencia pudiera ser irregular, pues la sanción deriva de la incomparecencia y no del requerimiento.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de una multa impuesta a una institución bancaria por no asistir a una audiencia de conciliación. La parte actora argumentó que el requerimiento de información previo a la audiencia era ilegal y que el procedimiento no cumplió con los plazos establecidos. Sin embargo, el Tribunal determinó que la sanción se basaba en la inasistencia injustificada y no en la legalidad del requerimiento, y que los plazos del procedimiento se habían respetado, desestimando así los argumentos de la defensa.