La responsabilidad internacional del Estado se genera por la expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligando a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, a realizar el control de convencionalidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver un caso contencioso, recuerda que la responsabilidad internacional de un Estado se actualiza cuando cualquiera de sus órganos, incluyendo el legislativo y el judicial, expide o aplica leyes que contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, es imperativo que todos los poderes estatales realicen un control de convencionalidad, incluso basándose en las interpretaciones emitidas por la propia Corte en ejercicio de su función consultiva, con el fin último de proteger los derechos humanos.