Las tarifas por la expedición de copias simples y certificadas de documentos, así como por las certificaciones, deben guardar una relación razonable con el costo de los materiales y la prestación del servicio, sin que exista un fin de lucro para el Estado, y las normas que establezcan multas por conductas ambiguas o imprecisas, o que sancionen a cuidadores por el libre tránsito de personas con discapacidad mental, contravienen los principios de proporcionalidad tributaria, seguridad jurídica, legalidad y no discriminación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de municipios de Oaxaca para 2024, argumentando que las tarifas por copias y certificaciones eran desproporcionadas, que las multas por conductas ambiguas violaban la taxatividad y que la sanción a cuidadores de personas con discapacidad mental era discriminatoria. La Suprema Corte declaró la invalidez de las tarifas por copias simples y certificadas al no guardar relación con los costos, y de las multas por conductas ambiguas (escándalos, molestias, juegos en vía pública, faltas de respeto, injurias) por falta de precisión. Asimismo, invalidó la sanción a cuidadores por considerar que la norma era discriminatoria y restringía la libertad de tránsito de personas con discapacidad mental, contraviniendo el principio de igualdad.