La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el oficio emitido por la Dirección General de Delitos Financieros carece de fuerza probatoria para invalidar una resolución judicial previa, ya que la propia autoridad judicial había establecido la competencia de la Federación como sujeto pasivo del delito.

El caso gira en torno a la validez de un oficio que supuestamente contradecía una decisión judicial anterior sobre la competencia de la Federación como sujeto pasivo de un delito. La Corte determinó que dicho oficio no tenía la fuerza probatoria suficiente para invalidar la resolución judicial, ya que la propia autoridad judicial ya había resuelto la cuestión competencial. Además, se analizó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en casos de afectación a la Hacienda Pública Federal.