La aplicación retroactiva de un acuerdo presidencial que priva de derechos a los gobernados, sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y sin fundar y motivar la causa legal de su emisión, es inconstitucional.

El presente caso aborda la inconstitucionalidad de un acuerdo presidencial aplicado retroactivamente para privar a los quejosos de sus derechos. La resolución determina que dicho acto es inconstitucional al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y carecer de fundamentación y motivación. Se enfatiza que la retroactividad se configura al revisar expedientes de compensación agraria después de que la resolución original de otorgamiento ya había sido aprobada y notificada, contraviniendo así los artículos 14 y 16 constitucionales.