La justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en relación con los actos reclamados al Congreso y Gobernador, consistentes en el cobro del impuesto predial.

Se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, relacionados con el cobro del impuesto predial. El juzgado determinó sobreseer parcialmente el juicio, pero en la audiencia constitucional, la Justicia de la Unión amparó a la parte quejosa, estableciendo los efectos de dicha protección constitucional.