La portación de armas de fuego, su internación y su posesión, sin la licencia correspondiente, constituyen un delito y no una infracción administrativa, en virtud de que la reforma al artículo 10 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y uno, sujetó dicha portación a los casos, condiciones, requisitos y lugares que autorice la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El presente criterio establece que la portación de armas de fuego sin la licencia debida es un delito y no una infracción administrativa. Esto se deriva de la reforma al artículo 10 constitucional de 1971, la cual, junto con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, regula estrictamente los supuestos bajo los cuales se permite la portación de armas, sancionando su incumplimiento como delito.