El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad es una obligación de todas las autoridades jurisdiccionales en el ámbito de sus competencias, para garantizar los derechos humanos cuando alguna legislación los vulnere.

El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad constituye una garantía fundamental de los derechos humanos, imponiendo una obligación a todas las autoridades del Estado mexicano. En particular, las autoridades jurisdiccionales, en el ejercicio de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos cuando una ley los contravenga, pues su función es resolver los conflictos jurídicos que se les presenten.