El derecho a la plena ejecución de las sentencias, consagrado en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, sin que la dilación o el incumplimiento de las autoridades demandadas justifiquen la inacción del tribunal.

El Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca concedió el amparo a la quejosa, determinando que la Sala Regional responsable y la autoridad del ISSSTE omitieron cumplir una sentencia de nulidad dictada en marzo de 2023. A pesar de los requerimientos y multas impuestas por la Sala, la sentencia no se ha ejecutado en su totalidad, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. El tribunal enfatiza que la Sala debe aplicar efectivamente los mecanismos legales para forzar el cumplimiento, y la autoridad del ISSSTE debe acatar la sentencia definitiva.