La declaratoria de anulabilidad de una multa en sede administrativa, por virtud de la interposición de un recurso de revisión, extingue la obligación de pago y, consecuentemente, los actos de ejecución que de ella deriven carecen de sustento jurídico para subsistir.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la solicitud de cancelación de una multa por parte de la autoridad demandada no era suficiente para sobreseer el juicio, ya que no se acreditó la cancelación efectiva de los actos de ejecución. Al declararse la anulabilidad de la multa en sede administrativa, los actos de ejecución resultaron ilegales por carecer de sustento, lo que llevó a la declaratoria de nulidad de las resoluciones impugnadas.