La facultad de la autoridad de transferir un bien propiedad de un particular al Estado para su venta, mediante resolución administrativa, es constitucionalmente válida aun cuando dicha resolución se encuentre impugnada y sea objeto de un medio de defensa, pues dicha resolución goza de presunción de validez hasta que sea declarada nula en juicio.

El presente caso analiza la constitucionalidad de la enajenación de un vehículo embargado por la autoridad aduanal, cuya propiedad fue declarada como del Fisco Federal mediante una resolución administrativa que se encontraba impugnada en un juicio de nulidad. La Suprema Corte determinó que dicha enajenación es válida, ya que la resolución administrativa goza de presunción de validez hasta que sea declarada nula en juicio, y la autoridad debe velar por los intereses del Estado y conservar el valor del bien.