La determinación de ilegalidad de una resolución administrativa, por haberse encontrado vicios en el procedimiento que afectaron las defensas del particular, trascendiendo al sentido de aquélla, conduce a declarar la nulidad de esa resolución, de manera tal que no se impida a la autoridad corregir el procedimiento hasta llegar al extremo de dictar otra resolución.

El Tribunal Colegiado determinó que cuando se detectan irregularidades procesales en una resolución administrativa que afectan las defensas del particular, no procede la nulidad lisa y llana. En su lugar, se debe declarar la nulidad de la resolución para permitir que la autoridad corrija el procedimiento y emita una nueva resolución.