La declaratoria general de inconstitucionalidad procede cuando el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados no han realizado las reformas o derogaciones necesarias para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo en el plazo concedido, y la norma declarada inconstitucional continúa vigente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la procedencia de una declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por el Consejo de la Judicatura Federal. El caso surge ante la omisión del Congreso de Tabasco de reformar o derogar un precepto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria local, a pesar de haber fenecido el plazo otorgado para ello. El Pleno de la Corte advierte que la norma sigue vigente y, por ende, se actualiza el supuesto para emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad.