El delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no es violatorio del principio de mínima intervención o ultima ratio, ni del diverso principio de proporcionalidad, al proteger el sistema recaudatorio tributario y el erario público, lo cual justifica la intervención del derecho penal.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de defraudación fiscal equiparada, consistente en omitir enterar a las autoridades fiscales las contribuciones retenidas o recaudadas dentro del plazo legal, no contraviene los principios de mínima intervención o ultima ratio y proporcionalidad. La Sala consideró que la tipificación de esta conducta como delito es una medida necesaria para proteger el sistema recaudatorio tributario y el erario público, bienes jurídicos fundamentales para el Estado, justificando así la intervención del derecho penal como última ratio.