El principio de progresividad de los derechos humanos, aplicado al derecho a la educación, impide que el Estado adopte medidas regresivas, como el cobro de cuotas de inscripción, a menos que se justifique plenamente la necesidad de tal medida y se demuestre que se han agotado todos los recursos disponibles para mantener la gratuidad.

El caso aborda la interpretación del derecho a la educación superior gratuita en Michoacán, México. La Jueza de Distrito concedió el amparo a un estudiante que impugnaba el cobro de cuotas de inscripción, argumentando que violaba el principio de progresividad de los derechos humanos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recurrió la decisión, defendiendo su autonomía y la necesidad de las cuotas debido a problemas financieros. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si la universidad, como organismo descentralizado autónomo, estaba exenta de cumplir con las disposiciones constitucionales locales sobre gratuidad educativa y si la medida de cobrar cuotas era regresiva.