La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desechar una demanda de controversia constitucional, determinó que la impugnación de retenciones de participaciones federales por parte de un municipio, sin demostrar un interés jurídico o legítimo en la afectación directa de su patrimonio, constituye un asunto de mera legalidad y no de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una demanda de controversia constitucional interpuesta por un municipio contra el Poder Ejecutivo de su estado, argumentando la retención de participaciones federales. La Corte consideró que la disputa sobre si dichas retenciones se ajustan a la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones es una cuestión de mera legalidad, no de constitucionalidad. Para que proceda la controversia constitucional, el municipio debe demostrar un interés legítimo en la afectación directa de su esfera jurídica, lo cual no ocurrió en este caso al no acreditarse la afectación de su patrimonio.