La invalidez de un decreto legislativo se declara cuando el procedimiento legislativo que le dio origen adolece de vicios formales graves, como la dispensa de trámites esenciales sin la debida motivación, que impiden la deliberación democrática y el conocimiento adecuado de las propuestas por parte de los legisladores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León contra un decreto que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial local. La controversia se centró en la validez del procedimiento legislativo. La Corte determinó que el procedimiento fue inconstitucional debido a la dispensa del trámite de entrega del dictamen con la antelación debida, sin una motivación suficiente que justificara la urgencia, lo que afectó el principio de deliberación democrática.