La protección del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad exigen que las normas que facultan a las autoridades para solicitar información de proveedores de servicios de internet, o que imponen obligaciones de remoción de contenido, sean claras, precisas y establezcan límites constitucionales y convencionales, incluyendo salvaguardas adecuadas y control judicial previo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor que imponen obligaciones a los proveedores de servicios de internet (PSI) para la remoción de contenido y la obtención de información de presuntos infractores. Se determinó que, si bien es posible que el Estado condicione la protección de "puerto seguro" a los PSI, las normas impugnadas carecen de la claridad y precisión necesarias, estableciendo conductas inciertas y habilitando mecanismos de censura previa por particulares. Por ello, se concluye que las disposiciones violan los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad al no observar los límites y requisitos constitucionales y convencionales, como la claridad en la información solicitada, las autoridades facultadas, el control judicial previo y las salvaguardas adecuadas.