La ilegalidad en el turno de un juicio de amparo, al vincularlo con un sumario constitucional diverso sin relación alguna, evidencia la comisión de una falta administrativa grave, pues genera incertidumbre jurídica y atenta contra los principios de legalidad y buena fe que deben regir la actuación de los impartidores de justicia.

Se determinó que el turno de un juicio de amparo indirecto fue ilegal al vincularlo con un sumario constitucional sin relación alguna, lo cual fue evidenciado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común y un analista jurídico. Esta irregularidad, junto con otras acciones del juez federal, como diferir audiencias y extender cheques sin justificación, causó perjuicio al servicio público y generó inseguridad jurídica, al concederse la protección constitucional en un caso donde previamente se había negado en un asunto similar. La falta de intervención del recurrente para formular repreguntas a testigos y la supuesta falta de valor probatorio de ciertas documentales también fueron puntos relevantes.