La responsabilidad patrimonial del Estado es objetiva y directa, no subsidiaria, por los daños que cause en los bienes o derechos de los gobernados con motivo de su actividad administrativa irregular.

El artículo 7.172 del Código Civil del Estado de México, en su texto anterior a la reforma de 30 de mayo de 2017, es inconstitucional porque establece una responsabilidad patrimonial subsidiaria del Estado, la cual contraviene el modelo de responsabilidad objetiva y directa previsto en el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Dicha disposición local somete la responsabilidad del Estado a la insolvencia del servidor público, lo cual es contrario al deber constitucional de responder directamente por los daños ocasionados por la actividad administrativa irregular.