La inscripción al Programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente debe realizarse prescindiendo de requisitos de residencia condicionados a convenios estatales, cuando estos impidan el acceso a un derecho universal.

Se concedió el amparo a un ciudadano para que se dejara insubsistente la negativa de inscripción al Programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. La negativa se basó en reglas de operación que exigían residencia en entidades con convenios específicos, lo cual fue considerado inconstitucional al restringir un derecho universal. Se ordenó emitir una nueva resolución sin aplicar dichas porciones normativas y resolver sobre la incorporación y pago de la pensión.