La supletoriedad normativa de leyes locales respecto a disposiciones de observancia general y aplicación directa en todo el territorio nacional, así como la posible violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica, son materias de acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la supletoriedad normativa establecida por una legislatura local respecto a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Se determina que el Congreso local no está habilitado para instituir dicha supletoriedad. La Corte también aborda la violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, y la extensión de los efectos de la declaración de invalidez de una norma general a otras dependientes.