La determinación de la Asamblea General de demandar al infractor ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Agraria, no impide que en las mismas actas se asienten acuerdos de imponer multas y otros cobros al infractor.
La Sala de Justicia Indígena señaló que los actores no cumplían con la determinación de la Asamblea General y que existía invasión de competencia por parte de la autoridad municipal. Sin embargo, se advirtió que si bien la Asamblea General determinó demandar al infractor ante la PROFEPA y la Procuraduría Agraria, en las mismas actas se asentaron acuerdos para imponer multas y otros cobros al infractor, lo cual es parcialmente cierto.
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