La inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, derivada de una sanción administrativa, contraviene el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al impedir injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales con base en la condición social o jurídica de una persona que ya ha cumplido con su sanción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una norma que impone una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras una sanción administrativa, viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Se consideró que, una vez cumplida la sanción, la persona debe poder reincorporarse al servicio público, pues de lo contrario se estaría ante una inhabilitación perpetua injustificada.