La obligación de cubrir pensiones y jubilaciones decretadas por el Poder Legislativo debe preverse en el presupuesto de egresos del Poder Judicial estatal, sin que sea dable su postergación o supeditarla a la existencia de partidas presupuestales específicas para cada decreto, pues la ley de la materia impone la obligación de su pago a partir del día siguiente a la separación de las labores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la suficiencia presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones decretadas por el Poder Legislativo. Se determina que la obligación de cubrir estas pensiones debe estar contemplada en el presupuesto de egresos del Poder Judicial estatal, sin que sea posible postergarla o supeditarla a la existencia de partidas específicas para cada decreto. La ley impone el pago a partir del día siguiente a la separación de las labores, lo que requiere previsión presupuestaria.