La indemnización por responsabilidad objetiva del Estado debe ser justa y progresiva, no pudiendo ser reducida por reformas legales que contravengan el principio de no regresión.

El caso aborda la constitucionalidad de una reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal que redujo la base de cálculo para la indemnización por responsabilidad del Estado. El quejoso argumenta que esta reforma viola el principio de progresividad del derecho a una justa indemnización, al disminuir el monto que antes se calculaba con base en el cuádruple del salario mínimo. La Suprema Corte analiza si la aplicación de la reforma en un procedimiento de queja administrativa, en lugar de uno de responsabilidad patrimonial, es un obstáculo para el amparo, concluyendo que si el precepto reformado sirvió de base para la cuantificación, debe ser analizado.