La improcedencia del juicio de amparo respecto de normas generales autoaplicativas se actualiza cuando su entrada en vigor no causa una afectación directa en la esfera jurídica de los quejosos, sino que requiere de un acto concreto de aplicación para su individualización.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo es improcedente contra las normas generales que obligan a las personas morales a recabar y actualizar la información de sus beneficiarios controladores. La Corte consideró que estas normas son heteroaplicativas, ya que no afectan la esfera jurídica de las quejosas desde su entrada en vigor, sino que requieren un acto de aplicación concreto, como una solicitud de información por parte del SAT o la imposición de una sanción por incumplimiento. Por lo tanto, las personas morales deben tomar las medidas necesarias para cumplir con la obligación y prevenir requerimientos futuros.