La valoración de la inspección ministerial de objetos y dictámenes periciales, para acreditar la responsabilidad penal, debe ser integral y no fragmentada, pues las pruebas por sí solas pueden no ser suficientes para demostrar la participación del inculpado.

El caso aborda la valoración de pruebas en un proceso penal, específicamente la inspección ministerial de objetos y dictámenes periciales. La Suprema Corte analiza si la concatenación de estas pruebas fue suficiente para acreditar la responsabilidad del quejoso en un delito. Se determina que, si bien las pruebas pueden corroborar ciertos aspectos de los hechos, su análisis debe ser integral para poder establecer fehacientemente la participación del inculpado, y no solo la existencia del delito o la identidad de la víctima.