La exigencia de ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para acceder a la titularidad de la Auditoría Superior de una entidad federativa, prevista en una ley local, transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, al invadir la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de una porción normativa de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Durango, que exigía ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior local. El Alto Tribunal determinó que esta exigencia invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, quien es el único facultado para establecer tales requisitos para determinados cargos públicos. Por lo tanto, la norma local transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.