El principio pro persona no autoriza a desatender el orden jurídico para elegir la norma más favorable, sino que exige preferir la disposición aplicable que beneficie al gobernado cuando coexisten diversas normas que regulan la misma institución en distinta materia o orden.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la aplicación del principio pro persona en materia de prescripción, específicamente en el contexto de un contrato de seguro y la responsabilidad civil derivada de un siniestro. Se establece que dicho principio no permite ignorar el marco jurídico existente para seleccionar la norma más favorable, sino que su aplicación se limita a casos donde coexisten diversas disposiciones aplicables a la misma institución, permitiendo elegir la que resulte más benéfica para el individuo sin quebrantar la seguridad y certeza jurídica.