La invalidez de un decreto legislativo que concede una pensión con cargo al presupuesto de otro poder, sin la transferencia previa de los recursos necesarios, vulnera los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto legislativo que le imponía el pago de una pensión con cargo a su presupuesto, sin la transferencia de fondos. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional por invadir la autonomía presupuestal y la independencia del Poder Judicial, al obligarlo a asumir una carga financiera sin los recursos correspondientes. Se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local modificarlo para establecer claramente la fuente de financiamiento de la pensión, ya sea asumiéndola directamente o transfiriendo los fondos necesarios a la entidad responsable del pago.