El principio "pro homine" se manifiesta como una directriz de preferencia interpretativa, que exige buscar la interpretación que optimice un derecho constitucional, y como una directriz de preferencia de normas, que obliga a aplicar la norma más favorable a la persona, independientemente de su jerarquía formal.

El Tribunal Colegiado analiza el principio "pro homine" y sus dos variantes: la directriz de preferencia interpretativa, que incluye el principio "favor libertatis" (interpretación restrictiva de limitaciones a derechos humanos y optimización de su ejercicio) y el principio de protección a víctimas ("favor debilis"); y la directriz de preferencia de normas, que implica aplicar la norma más favorable a la persona. Se destaca la importancia de optimizar los derechos constitucionales y proteger a la parte en desventaja.