El levantamiento de una infracción administrativa no afecta por sí solo los intereses jurídicos del infractor, al no constituir una resolución definitiva que determine una sanción.

El presente criterio establece que la simple imposición de una infracción administrativa, por sí misma, no vulnera los derechos del infractor. Esto se debe a que dicho acto no constituye una resolución final que determine una sanción, sino que es un paso previo para determinar si efectivamente se cometió la infracción y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Por lo tanto, no genera un perjuicio directo e irreparable que amerite la procedencia del juicio de amparo en ese momento.