La autoridad administrativa debe fundar y motivar sus resoluciones, considerando la disponibilidad del recurso hídrico al momento de la emisión del acto, y no basarse en información desactualizada o incompleta.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la negativa de una concesión para la explotación de aguas nacionales fue ilegal. La autoridad basó su decisión en un dictamen técnico y un acuerdo de disponibilidad de agua de fechas anteriores a la emisión de la resolución impugnada, sin considerar la información más reciente y actualizada. El Tribunal enfatizó que la autoridad debe fundar y motivar sus actos con base en datos objetivos y vigentes, y que la disponibilidad del recurso hídrico debe evaluarse al momento de resolver la solicitud, para garantizar el principio de legalidad y seguridad jurídica.