El decreto que concede una pensión por jubilación a un trabajador del Poder Judicial, con cargo a su presupuesto y sin la previa transferencia de fondos, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a una trabajadora de dicho poder, con cargo a su presupuesto. La Corte determinó que el decreto es inconstitucional porque el Congreso local, al disponer de los recursos presupuestales de otro poder sin su intervención y sin transferir los fondos necesarios, vulnera la independencia judicial y la autonomía de gestión presupuestal, principios fundamentales para el equilibrio de poderes.