La prescripción de un crédito fiscal se actualiza cuando transcurren los plazos legales establecidos, sin que las gestiones de cobro o suspensiones del procedimiento administrativo de ejecución, en su caso, logren interrumpir o extender dichos plazos más allá de los límites máximos establecidos por la ley, garantizando así la seguridad jurídica del contribuyente.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza la prescripción de un crédito fiscal determinado en 2002, cuya ejecución se intentó mediante la inmovilización de cuentas bancarias en 2023. El actor argumenta que el crédito ha prescrito, mientras que la autoridad fiscal sostiene lo contrario, alegando interrupciones y suspensiones del plazo. El tribunal determina que, a pesar de las gestiones de cobro y las reformas al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal ha prescrito, declarando la nulidad de los actos de ejecución.