La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la legitimación activa de las alcaldías en controversias constitucionales es amplia y no se restringe a la impugnación de normas de otras entidades federativas, sino que también abarca actos de otras instancias, siempre que se respeten los principios de concurrencia y las facultades constitucionales y legales.

La Suprema Corte analizó una controversia constitucional promovida por una alcaldía contra un decreto que reformaba la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La alcaldía argumentó que el decreto invadía sus competencias. La Corte determinó que la legitimación activa de las alcaldías en controversias constitucionales es amplia, permitiéndoles impugnar actos de otras instancias. Además, resolvió que el decreto impugnado no invadía las facultades de la alcaldía, ya que detallaba la forma en que debía ejercer sus atribuciones en materia de establecimientos mercantiles, respetando las facultades concurrentes y las leyes aplicables.