La nulidad de una resolución de multa impuesta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se decreta cuando el emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador omite señalar los razonamientos específicos por los cuales se desestimaron las observaciones y pruebas ofrecidas por el presunto infractor, vulnerando así su derecho de defensa.

En un juicio sumario, la Décimo Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analizó la legalidad de una resolución que impuso multas a una empresa. La actora argumentó que el emplazamiento al procedimiento sancionador era ilegal por no cumplir con los requisitos del artículo 53 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. La Sala determinó que, si bien la autoridad señaló los hechos y fundamentos legales, omitió explicar cómo valoró las observaciones y pruebas presentadas por la empresa, lo cual es esencial para garantizar el derecho de defensa. Por ello, se declaró la nulidad de la resolución.